El nuevo modelo de seguridad en la provincia de Córdoba ya es ley. El gobernador dio su visto bueno al texto legislativo que había sido sancionado por la Legislatura provincial el Miércoles por la noche. La norma busca mejorar la prevención y el combate del delito en el territorio cordobés.
El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana es una iniciativa del gobierno provincial que busca modernizar y mejorar la gestión de la seguridad en Córdoba.
El gobernador Martín Llaryora sancionó hoy la ley que le da marco legal a este proyecto, que contó con el apoyo de la Legislatura y de especialistas en la materia.
La ley plantea una serie de cambios y medidas para fortalecer la prevención, el control y la sanción del delito, especialmente el narcotráfico. Entre los puntos más destacados se encuentran:
La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, que colaborarán con la Policía en tareas de vigilancia y asistencia a la comunidad.
El uso de armas no letales, como pistolas eléctricas o gas pimienta, para reducir el riesgo de lesiones graves o muertes en situaciones de conflicto.
La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que se encargará de diseñar e implementar planes de capacitación para los agentes de seguridad, tanto públicos como privados.
La incorporación del personal de las empresas de seguridad al sistema provincial, bajo la supervisión y el control del Ministerio de Seguridad.
La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía, para ampliar la cobertura y la eficiencia del sistema de videovigilancia.
La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega voluntaria de armas por parte de los ciudadanos.
La obligatoriedad de un narcotest para los cargos electos y los funcionarios públicos, como medida de transparencia y ejemplaridad.
La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en toda la provincia, y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales, para agilizar y profundizar las investigaciones penales.
Con esta ley, el gobierno provincial busca dar un salto cualitativo en materia de seguridad, con una visión integral, participativa y moderna, que involucre a todos los actores sociales y que garantice el respeto a los derechos humanos y a la convivencia pacífica.
